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Mujeres, drogas y daños colaterales

Para Colombia —y más en el contexto de un proceso de paz y ante la perspectiva de un posconflicto en el que los neoparamilitares estarán financiados por el narcotráfico—, las tendencias prohibicionistas en materia de drogas auguran tormentas, y por eso el discurso que el país adopta a nivel internacional (como en UNGASS 2016) últimamente es de un progresista moderado a favor de la legalización.

Sin embargo, este discurso progre internacional sigue sin tener eco en la vida cotidiana del país, en donde la estigmatización mantiene escondido el problema de salud pública y los policías arrestan según sus prejuicios personales, usualmente alienados con el clasirracismo nacional. No hay una política efectiva porque no hay implementación del discurso. No habrá un cambio hacia la legalización en los contextos internacionales si no se logran cambios internos palpables, en los que se note que el Estado colombiano empieza a entender el problema de drogas desde el lente de los derechos humanos.

Este año, organizaciones que trabajan por la igualdad de género presentaron para UNGASS la “Declaración de la mujer que pide políticas globales con respecto a las drogas, que apoyen a mujeres, niños y familia”, con una perspectiva de género al amplio problema relacionado con las drogas. La declaración hace énfasis en la manera en que la llamada “guerra contra las drogas” ha afectado de manera especial a las mujeres, que están entre las víctimas más invisibilizadas. Los datos para esta declaración salen, en parte, del informe “Mujer, políticas de drogas y encarcelamiento: una guía para la reforma de políticas de drogas en América Latina y el Caribe”, en el que participaron organizaciones colombianas como Dejusticia. Por eso, esta es una declaración que en Colombia no puede leerse desde la frialdad o la distancia; muchísimas de las mujeres que señala como afectadas son colombianas.

La declaración habla de cómo la prohibición hace del comercio ilegal de drogas un negocio altamente rentable, en el que los grandes capos (empresarios) son hombres, y el mayor índice de encarcelamiento lo tienen las mujeres por delitos asociados, como el transporte. De hecho, la mayoría de las mujeres encarceladas en la región, más del 60 % de las presas, están en la cárcel por tráfico de drogas, y ahí se quedan porque son el eslabón “más prescindible” de la cadena del tráfico. Estas mujeres, que en su mayoría terminaron metidas en eso por necesidad (nadie sueña con ser mula cuando grande), dejan a familias vulnerables, pues suelen ser las encargadas del cuidado de niños, niñas y ancianos. Entre otras cosas, la declaración también señala que las campañas de erradicación del cultivo, como las fumigaciones con glifosato, causan enfermedades y daños reproductivos en las mujeres. Además señala que las consumidoras están estigmatizadas, no tienen acceso a información para tomar decisiones informadas, y las embarazadas terminan siendo blanco de campañas de esterilización y aborto ya que “no serán buenas madres”.

A pesar de que el tema se ha hecho visible en los últimos años, y de que muchas de las expertas y expertos en el tema son colombianos (por ejemplo, la Plataforma Mujeres por el Cambio de la Política de Drogas), en el país estamos lejos de implementar una perspectiva de género en nuestras políticas de drogas. Tampoco podemos decir que tengamos una comprensión somera de cómo es y qué necesitan consumidoras colombianas y cómo y cuándo diferenciar, en mujeres, un consumo normal y uno problemático. Por ejemplo: a la menor mención de aumento en los cultivos de coca, se vuelve a hablar de fumigaciones con glifosato: y, otra vez, las mujeres son un daño colateral, tanto para la cadena de producción y tráfico y los grupos armados, como para el Estado.

Fuente: www.elespectador.com

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