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Leyes de drogas y cárceles en Uruguay

Uruguay tiene una de las mejores políticas de drogas en el continente. En el Uruguay, la ley no penaliza el consumo de estupefacientes ni su tenencia para el consumo personal. Adicionalmente, en los últimos años, las políticas nacionales de drogas han priorizado la persecución de medianos y grandes traficantes, en vez de enfocar los recursos y energías en los narcomenudistas, quienes son fácilmente reemplazados. Esta investigación examina los alcances de la legislación y las políticas desarrolladas y cómo se materializa este marco normativo y político en la situación carcelaria del país, observando particularmente la población privada de libertad por delitos relacionados con drogas.

En el sur de América Latina, especialmente en Argentina, Chile y Uruguay, durante los últimos 15 años se ha detectado un cambio importante en las prácticas de consumo de drogas ilegales vinculado a la disponibilidad de sustancias en el mercado. Por otro lado, en el marco de la política de control global del narcotráfico, desde la década de los noventa se prohíbe el ingreso en los países productores de cocaína de la región (Colombia, Perú y Bolivia) de los precursores químicos necesarios para elaborar el clorhidrato de cocaína.

Como efecto indirecto de esta política internacional, además de a raíz de otros factores aún no bien entendidos, se presentó el fenómeno de la aparición de laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína en los países del Cono Sur que, históricamente, eran países de tránsito de las sustancias hacia Europa. A este hecho se suma la disponibilidad en estos países de pasta base de cocaína (PBC), sustancia que se obtiene en la mitad del proceso de producción del clorhidrato de cocaína. La PBC es un producto más barato, de mayor rotación y de menor calidad, pero con efectos psicoactivos muy fuertes y adictivos. Con el paso del tiempo, la PBC se ha comercializado en el Cono Sur, quedándose allí parte de la producción para el consumo local, y ya no sólo como un producto intermedio para el tráfico extracontinental.

En el Uruguay, la ley no penaliza el consumo de estupefacientes ni la tenencia para el consumo personal. En los últimos años, las políticas nacionales de drogas han centrado sus acciones en directivas específicas, tanto para el personal policial como judicial, tendientes a priorizar la represión de medianos y grandes traficantes y a no concentrar las energías en los narcomenudistas.

El impacto de dichas directivas en términos de políticas de drogas aún no se puede evaluar cabalmente. Sin embargo, se observa que persiste en el país una crisis carcelaria en la que cada vez más jóvenes pertenecientes a los rangos más bajos de la cadena del narcotráfico y otros sectores vulnerables de la sociedad son los que ingresan al sistema carcelario.

Según revela el capítulo de Uruguay del estudio Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina , la mayoría de los operativos policíacos de incautación de drogas, decomisan no más de 10 gramos de drogas, por lo general de marihuana. En otras palabras, si bien los lineamientos políticos pretenden priorizar las acciones en los medianos y grandes narcotraficantes, la mayoría de los operativos tienen que ver con la tenencia de sustancias en cantidades cercanas al límite de la definición de lo que podría ser tenencia para consumo. Y si se trata de casos de tráfico, son casos de menudeo. Para ver estas y otras estadísticas ir al estudio.

“El hecho de que la mayoría de los operativos para incautar drogas sean para decomisar 10 gramos o menos, por lo general de marihuana, es un desperdicio de los recursos policiales y judiciales”, dice Giorgina Garibotto, investigadora del capítulo de Uruguay del estudio del Transnational Institute y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). “La intención de la política de drogas nacional de los últimos años que pretende que la policía se enfoque en los medianos y grandes narcotraficantes, no se ve en la práctica todavía”.

El caso de la pasta base de cocaína (PBC) merece una reflexión especial, ya que si bien existen directivas específicas para atacar especialmente los puntos de venta de esta sustancia, se puede observar que en 258 casos se incautaron 2 gramos o menos de PBC. Esto plantea el interrogante de si, efectivamente, se está deteniendo a los traficantes de dicha sustancia o están siendo detenidos los usuarios más vulnerables.

El porcentaje de población privada de libertad por delitos relacionados con drogas (11 por ciento) sigue representando una proporción baja frente a otros delitos y países latinoamericanos. Sin embargo, uno de los puntos más débiles en la crisis carcelaria es el sistema judicial, especialmente por las demoras en expedirse, por el escaso uso de penas alternativas y el abuso del uso de prisión preventiva.

“Estas personas procesadas con no más de 10 gramos de sustancia, debieran ser candidatas a recibir penas alternativas, y bajo ningún concepto deberían ocupar plazas en prisiones de alta seguridad”, afirma la investigadora Garibotto. “En ciertos casos, el uso de las penas alternativas a la prisión sería mejor, pues el encarcelamiento tiene un impacto sumamente negativo en la vida de estos jóvenes y en la de sus familias”.

Este impacto negativo es descrito por los presos que fueron entrevistados para el estudio. Por ejemplo, en uno de los casos, un estudiante de 21 años cuenta como decidió plantar, entre las hortalizas que cultiva en su casa, siete plantas de cannabis, y reconoció el delito de vender un poco de marihuana a unos conocidos. Este joven cuenta como un día hubo un operativo en su casa, y él y su papá fueron arrestados. Ahora, él señala que deberá cumplir una pena de 2 años y 4 meses por comercialización y producción, y que su papá, quien estaba a meses de retirarse, deberá cumplir una de 8 meses por producción, perdiendo sus ingresos económicos. La marihuana, más las plantas, más las semillas que la policía encontró en esa casa, no sumaban más de 10 gramos (todo junto).

“Este joven recibió una pena que lleva a preguntarse si es proporcional y adecuada al delito cometido”, dice Garibotto. “Casos como éste contribuyen a recargar al sistema penitenciario sin clara justificación”.

El Uruguay tiene la segunda tasa más alta de América Latina de población penitenciaria, tendencia que continúa aumentando. La situación de hacinamiento en 2009 se encontraba en un nivel de ocupación de las plazas de un 138 por ciento. Por ejemplo, uno de los entrevistados comparte una celda con capacidad para tres con otros siete hombres. Durante 2010, el nuevo Gobierno incrementó el presupuesto para el Ministerio del Interior, gran parte será destinada a la mejora y fortalecimiento del sistema carcelario.

Fuente: www.druglawreform.info

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