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Bolivia - Salud y Drogas

La situación legal sobre las drogas en Latinoamérica, ha dejado un impacto durísimo en los “beneficiarios” de los sistemas de justicia.

Es aun inconcebible para los ojos de defensores de los Derechos Humanos, constatar la dureza de su aplicación, aquellas repercusiones tan impactantes, transgresoras de los más elementales principios de igualdad y equidad entre los hombres, las huellas indelebles que deja en las personas afectadas, que deben obligar a los operadores de justicia a reflexionar sobre estos rastros. Especialmente en el sistema penitenciario, de todos los países latinoamericanos y especialmente el nuestro, su aplicación es tan contundente que las personas que osaron ingresar al mundo de lo “ilícito”, o tropezaron con ella por alguna acusación oficiosa o finalmente por casualidad, a más de sufrir estigmatización permanente e intensa discriminación, son lastimosamente empujados a la marginación y con grandes posibilidades de reincidir, o recién a delinquir.

Las consecuencias de su aplicación no se dejaron esperar;

•    Cárceles atiborradas de personas sin sentencia.
•    Aumento de personas consumidoras.
•    Problemas adicionales del entorno de carácter económicos.
•    Alteraciones de la salud física y mental.

Además se desnuda

•    La retardación de Justicia.
•    La ausencia o colapso de centros de acogida y rehabilitación.
•    El desinterés estatal de aquellos ciudadanos marginados.
•    La limitada oportunidad de trabajo y por ende de reinserción.
•    La deficiente asistencia en salud.

Estas personas son en gran medida, los que han estado en los peldaños más bajos de la producción y/o el micro-comercio de drogas, aquellas que pasan los pasillos de la indefensión jurídica, la estigmatización de la sociedad, y por ende a la imposibilidad de reinserción.

En mi calidad de médico general de mi país Bolivia, me ha tocado ser Representante del Defensor del Pueblo en la zona donde se cultiva la hoja de coca, ser por años el Director Nacional de Prevención en Drogas, así como Coordinador del Observatorio de Drogas de Bolivia, Director de PIE, una organización de investigación sobre temáticas de drogas, DDHH y salud, además de activista persistente, en el respeto de los DDHH de los consumidores.

Ocasiones donde se me designo para participar en la comunidad andina de naciones, ¨CAN¨ en los proyectos del DROSICAN, que abrieron la posibilidad de los países miembros a buscar condiciones más adecuadas de afrontar el problema de drogas en nuestros países.

Por esta razón tuve la suerte de asistir a reuniones y talleres en Lisboa y algunas en el Observatorio de Drogas Europeo, y pude conocer personalmente la aplicación de políticas de prevención sensibles a las transformaciones y repercusiones sobre el tema, como en Portugal, medidas que ahora son visibles en el mundo entero, tan difíciles de aplicarlas en el país, por sus características conservadoras arraigadas.

Importante es resaltar que nuestro país en vía de desarrollo, sigue indudablemente siguiendo el cordón umbilical directa o indirectamente a una política represiva similar y obediente a las intenciones de los EEUU, que ha buscado por años, criminalizar a todas aquellas personas ligadas al consumo.

Sin embargo, se ha dado un salto cualitativo en las personas que se dedican al cultivo de coca, pues ha desarrollado políticas que disminuyen los actos represivos contra los cultivadores, responsable con el compromiso auto-adquirido de afrontar el problema y se han implementado estrategias, como el Control Social.

Asimismo, se han producido cambios progresivos sobre la nueva ley de drogas que rige en el país. Todavía es difícil incidir en la tarea de cambiar la dinámica de gobiernos anteriores, en temas del consumo y prevención de drogas y su incidencia en salud pública.

Seguimos insistiendo en la necesidad de adoptar medidas de reducción de los daños, o políticas de salud que involucren terapias con drogas ilícitas, como con la marihuana terapéutica.
Tomar esta línea de defensa de los derechos humanos, prevención y tratamiento, gracias a ejemplos tan palpables como los de Portugal, cuyos niveles de reducción de consumo son muy importantes, o del Uruguay, cuya legislación induce al respeto de los demás, o de aquellos países que han aprobado la utilización terapéutica de la marihuana, con resultados tan alentadores, son los objetivos buscados, que creemos necesario deben ser adoptados como iniciativa nacional, por las autoridades pertinentes.

Experiencias que indudablemente, deben promover un cambio en la mirada, cómo afrontar el problema desde una perspectiva de salud. Lo resaltante y sustancial para incidir e impulsar cambios en las políticas de drogas de nuestros países, es que ya se van dando los primeros pasos, existe ya, consciencia en temas de reducción de los daños y la descriminalización, que deben manifestarse a través de políticas en drogas.

Como resultado de estas experiencias, de incidir en aquellas personas con amplitud que ocupan cargos jerárquicos, la nueva ley de drogas de Bolivia, a pesar de que ya no está en el ámbito del formato estadounidense, ha separado de las normas que rigen los cultivos de coca, no es acompañada de sentencias vulneradoras, que ahora se regirán de acuerdo al código penal del país, (un aspecto todavía preocupante), que reconoce la prevención y el consumo como un hecho de salud pública. Son avances sustanciales si bien no llenan nuestras expectativas, son en mucho, mejor que la anterior legislación sobre drogas.

Sin embargo y por tanto de esta situación, es importante la contribución de instituciones que apoyen y respalden iniciativas para cambiar el timón y desarrollar nuevas intenciones más progresistas, sobre lo que se hace y debe hacerse de acá para adelante. El silencio o la omisión nutren indudablemente al crimen organizado, quienes buscan el enriquecimiento ilícito y fácil, producto del prohibicionismo, consecuencias que generalmente afectan a los niveles sociales económicos más vulnerables.

Por tanto, llamo a la reflexión a los operadores y representantes ejecutivos de las instancias gubernamentales comprometidas a velar por los ciudadanos de nuestro país, por aquellos marginados, por los consumidores problemáticos y por todos aquellos pacientes que requieren medicación terapéutica, y no pueden acceder a ella por la muralla de la legislación.

Llamado para impulsar desde esta perspectiva, mayor objetividad, mayor solidaridad y mucho compromiso, para con los que se involucran legislando tan difícil problema.

Dr. Godofredo Reinicke

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