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El problema del consumo personal

La comprensión del problema de la legalización de las drogas se mueve en un escenario complejo pues implica la atención sobre una relación tripartita, difícil de escindir: producción, distribución y consumo.

La denominada guerra contra las drogas ha atacado estos tres frentes a través de estrategias diferenciadas, pero que en últimas hacen parte de una política unificada encaminada a acabar con estas.

De este modo, la erradicación de cultivos ilícitos, uno de los pilares fundamentales de la historia de estrategias de "Lucha contra las Drogas" en Bolivia, ha logrado estigmatizar al cultivador de la planta de coca como el responsable del consumo y tráfico de drogas, por otro lado, las acciones de interdicción a cargo de las fuerzas policiales en busca de desbaratar organizaciones de narcotraficantes y finalmente la penalización del consumo, aparecen como los instrumentos más recurrentes para alcanzar dicho fin.

A pesar de la exigencia de realizar un acercamiento integral al problema y teniendo en cuenta que el debate en torno a la penalización del consumo, máxime si se realiza en un país reconocido como el tercer mayor productor de droga, debe ser asumido dentro de una perspectiva más amplia que contempla nuevas corrientes como la reducción de daños y la búsqueda de descriminalizar el consumo personal.

Esto nos impone entonces la tarea de aclarar que desde la perspectiva jurídica a partir de la cual construimos nuestro discurso.

¿LEGALIZACIÓN O DESCRIMINALIZACIÓN?

Cuando los gobiernos hacen cambios en su legislación y en su práctica con respecto a las ofensas relacionadas con las drogas, es importante reconocer las diferencias entre legalización, descriminalización y despenalización.

A pesar de que no existe acuerdo a nivel internacional de estas definiciones, los términos son a menudo confusos en debates políticos y en los medios, nosotros podemos ofrecer las siguientes explicaciones aclaratorias.

LEGALIZACIÓN.- Es donde la legislatura de un país en particular, formalmente enmienda sus leyes para ponerle fin a la prohibición de la posesión, uso o distribución de cualquiera de las drogas controladas de uso corriente. Aunque hay algunas zonas grises (algunos países penalizaron el uso, otros la posesión; la posición sobre la posesión para el uso médico o religioso de algunas drogas es incierto), éstas no han sido tratadas por ningún Estado Miembro de la ONU, y suponen una clara contravención a las Convenciones de la ONU.

DESCRIMINALIZACIÓN.- Es donde un país conserva sus leyes sobre ofensas por drogas pero, ya sea a través de un acuerdo en un cambio de la política, o a través de una nueva orientación a ser llevada a cabo por las autoridades, decide reaccionar contra algunas de estas ofensas a través de procesos administrativos más que por el sistema de justicia penal. Algunos países vienen tratando hace tiempo una serie de ofensas a través de sanciones administrativas, y tienen un amplio tratamiento de las ofensas por drogas en este sentido.

Para otros países (tal como fue el caso de Portugal), esto sería un cambio significativo para haberlo establecido en la práctica. Podría señalarse que, en muchos casos, las penas administrativas para las ofensas por drogas han sido actualmente más severas que las sanciones penales, entonces la descriminalización no siempre debe ser vista como una vía menos punitiva para el uso de drogas.

DESPENALIZACIÓN.- Es donde un país decide cesar con los castigos para aquellos que están involucrados en la posesión, uso o distribución de drogas. Las leyes que prohíben estas actividades podrán seguir existiendo, y los ofensores pueden ser arrestados, pero no pueden aplicarse sanciones (penales o administrativas). Un camino similar a este, pero que técnicamente no es la despenalización, es la política de no arrestar a los ofensores.

Comentario:

Los cambios emprendidos en Portugal son un ejemplo de descriminalización: el uso, posesión y la compra de drogas todavía están prohibidas por la ley. Mientras intenta minimizar los costos sociales del uso de drogas, el gobierno Portugués explica que su política está ahora enfocada más de cerca al tráfico de drogas.

La nueva ley no legalizó ninguna ofensa relacionada a las drogas, pero quita los castigos penales por el uso, posesión y la compra de cualquier droga ilícita en una cantidad mayor al abastecimiento para 10 días de consumo.

Se aborda el problema de la penalización de ciertas drogas en un estado de derecho, especialmente se plantean las dificultades sociales del fenómeno para el abordaje jurídico, dada la legalización de su consumo y la penalización de su producción y comercialización. De manera especial se plantea la discusión jurídica y política de la penalización de las drogas relacionados con la democracia y los derechos individuales, la importancia de un estado de derecho y las garantías de la libertad de los ciudadanos, pues se ha establecido una serie de responsabilidades, como lo son la garantía de los derechos sociales, económicos y culturales como medio también para garantizar los derechos civiles y políticos.

Situaciones como la exclusión social, la precariedad de las políticas públicas para garantizar los derechos fundamentales, la ineficacia del modelo de desarrollo económico para remediar los problemas sociales y la desarticulación del tejido social, cuestionan profundamente la idea de acudir a estrategias de legitimación basadas en dar respuestas legales a problemas sociales.

Teniendo en cuenta lo anterior y en relación con el problema que nos ocupa, la cuestión se agrava aún más si consideramos que la contundencia de la ineficacia de las estrategias utilizadas para combatir la droga, cuestionan de manera creciente el endurecimiento de estas ante la inexistencia de una sólida argumentación que las justifique.

La firmeza de los argumentos a favor de la legalización de la droga anclados en consideraciones filosóficas, científicas, económicas y jurídicas. Incluso en múltiples escenarios internacionales y nacionales el debate en torno a la legalización no debe ser eludida por quienes detentan el poder público.

Por esta razón incluimos a estos conceptos internacionales análisis como el siguiente:

"Es cierto que el drogadicto, en sí mismo, no puede considerarse como un delincuente, sino un enfermo en cuyo auxilio el Estado y la sociedad tienen el deber de recurrir".

Pero por la condición mental y psicológica a que su situación lo conduce, no es menos cierto que el drogadicto corre el riesgo, más que ningún otro adicto, de caer en la delincuencia".

Según este contradictorio argumento, la prestación del auxilio estatal consiste en convertir en delincuente a quien, como el mismo texto afirma, no lo es.

En segundo lugar, no existe un derecho fundamental que pretenda protegerse, pues si bien se arguye por algunos que el bien jurídico tutelado es la salud pública como garantía de la prevalencia del bien común y del interés general, es claro que con el consumo de drogas no se afecta dicho bien sino que a lo sumo se atenta contra la salud individual. Esto no quiere decir que la drogadicción no pueda ser asumida como un problema de salud pública, pero si se asume desde esta perspectiva no se autoriza por este motivo la penalización del consumo, así como bajo ningún modo se ha pretendido penalizar a alguien infectado con el VIH, siendo también el SIDA un problema de salud pública.

Otros consideran que lo que pretende protegerse es la propia dignidad del consumidor, lo cual nos conduce nuevamente al absurdo jurídico de que la manera de garantizar dicha dignidad es castigando a aquel.

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